La comisión de Acción Social y Salud Pública debatió la evaluación de Tecnologías Sanitarias y la Seguridad del Paciente. Al comienzo de la reunión, la diputada Mónica Fein, del bloque socialista, informó que es la segunda reunión para evaluar distintos proyectos sobre la temática. “Haremos un mejor proyecto a partir de los aportes de los invitados, nuestro objetivo es llevarlo al recinto y sancionarlo cuanto antes”, sostuvo.
A través de un video, el médico Esteban Lifschitz, director científico de Hiris Care, expresó que “es necesario que Argentina tenga una agencia de Control porque se precisan herramientas que permitan tomar mejores decisiones sobre la cobertura de las tecnologías en general, la recomendación de medicamentos y el uso de dispositivos”.
Además, el doctor explicó que la evaluación “permite reducir incertidumbre y tratar de que no se incorporen al mercado muchas tecnologías flojas de papeles, también que defina las enfermedades prioritarias para la salud de la población, cuáles son las tecnologías que eventualmente podrían llegar a ser importantes para mejorar la salud de esa población y cuáles son los resultados que nos importan”, fundamentó.
En tanto, Enio José Garcia, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, consideró que “hay consenso respecto a la agencia de evaluación, tenemos que ponernos a tono con otros países de la región que la tienen”. “Está en la agenda la reforma del sistema de salud, la integración del sistema de salud, es un diagnóstico viejo que sigue vigente y todavía no logramos a dar una respuesta. Una normativa que vaya ordenando la fragmentación que hay en el sistema de salud. También la formación profesional, son temas centrales”, dijo.
El funcionario, asimismo, manifestó que “cuando discutimos la integración hablamos de tres puntos: gobierno; modelo de atención y cuidado y sistemas de información y esta ley es transversal a esas tres dimensiones, atiende a demandas que están atravesadas por estas tres cuestiones. La ley nos ayuda a ganar capacidad de gobierno en el sistema de salud y contribuye a analizar la tecnología en la necesidad y no solo la cuestión económica a protocolizar el uso de la tecnología”. A la vez, pidió “incorporar las instancias de participación social y control político”.
Por su parte, Hugo Magonza director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), explicó “la agencia es sólo una herramienta de un plan nacional de salud, ese plan tiene una rectoría sino. Tiene que haber un plan rector”, enfatizó.
“Todo medicamento, tratamiento innovador al entrar al sistema es monopólico. No hay ninguna duda que tiene que haber un organismo que lidie con esta situación. Lo primera manera de lidiar es desde el conocimiento tecnológico porque estoy usando una herramienta de la medicina, después tiene que venir el control político y social”, aseveró.
Respecto al tema seguridad del paciente, Claudio Ortiz, subsecretario Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo que “hay un plan nacional de calidad y seguridad del paciente vigente. Hay instrumentos como es el de acciones para la seguridad e instrumentos de autoevaluación y un manual para ayudar a los equipos de salud a como podrían mejorar después de la autoevaluación y como medirse después de las mejoras. Tenemos todo el proceso disponible más un proceso muy fuerte de capacitación”.
Según indicó el funcionario, la capacitación es gratuita, autoadministrada, en calidad, en seguridad, en guía de práctica clínica, en simulación y “múltiples capacitaciones que se están realizando al conjunto del sistema de salud, al sector público y -a través del programa- de fortalecimiento de la calidad y seguridad al sector privado”. “Que la seguridad del paciente sea un tema de debate en un proyecto de ley nos parece central y nos toma, desde el ministerio de salud, con un montón de herramientas para ayudar al conjunto del sistema a trabajarlo”, aseguró.
La doctora Mariana Lichman, gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical Group comentó que trabaja con 23 personas en todo el país “gestionando la seguridad del paciente y asesoramiento a abogados con una mirada presencial y asistencial. Es una realidad que requiere gestión y no equivocar el diagnóstico”, aseveró. Al mismo tiempo brindó cifras: al menos 10% de los pacientes que egresan de una institución sufre un evento adverso, el 50% de esos eventos son evitable, infecciones, complicaciones quirúrgicas, eventos asociados a medicación y caídas son las primeras cuatro causas.
A continuación, Lichman definió seguridad del paciente como “el conjunto de estructuras y procesos de una organización que tiene por objetivo reducir al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y si éstos ocurren reduce el impacto en el paciente, su familia, y el equipo de salud”. Y a su vez, ponderó las seis líneas “trascendentales“ del proyecto: incluir la formación de seguridad en las carreras de grado y posgrado; cultura de la seguridad; recertificación profesional; estandarización de los indicadores institucionales mínimos; concepto de segundas víctimas y la necesidad de gestión adecuada; costo efectividad alto impacto económico que “afecta el presupuesto de salud”.
Participaron María Teresa Ithurburu, directora nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria; Marcelo Pellizari, director departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Universitario Austral.
